Incorporación de normas internacionales
Uno de los aspectos más importantes del impacto del derecho internacional de los derechos humanos es la incorporación de estas normas en las legislaciones nacionales. En muchos países, los tratados internacionales ratificados tienen una jerarquía superior a las leyes nacionales o, al menos, deben ser considerados en la interpretación de la legislación interna. Por ejemplo, en Argentina, la reforma constitucional de 1994 incorporó varios tratados internacionales de derechos humanos a nivel constitucional, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Esta incorporación asegura que los derechos establecidos en estos tratados sean directamente aplicables y prevalezcan sobre las leyes ordinarias.
En Brasil, la Constitución de 1988 también refleja este enfoque, al garantizar que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país tengan el mismo rango que la Constitución. De esta manera, el derecho interno se alinea con los estándares internacionales y protege los derechos fundamentales de manera más efectiva.
Influencia en la Jurisprudencia Nacional
El derecho internacional de los derechos humanos no solo ha influido en la legislación, sino que también ha tenido un impacto profundo en la jurisprudencia de los tribunales nacionales. Los jueces a menudo recurren a la jurisprudencia de los órganos internacionales de derechos humanos para interpretar y aplicar las leyes nacionales. Un ejemplo prominente es el caso "Gelman vs. Uruguay" ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, la Corte determinó que la ley de amnistía de Uruguay, que impedía el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad, violaba las obligaciones internacionales del país. La decisión resultó en la anulación de dicha ley y en la apertura de nuevas vías para la justicia en casos de violaciones graves de derechos humanos.
En España, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha influido en la reforma de las leyes antiterroristas, asegurando que las prácticas nacionales cumplan con los estándares europeos de derechos humanos, lo que incluye la protección contra el tratamiento inhumano y la garantía de juicios justos.