Uno de los ejes centrales de esta etapa normativa es el fortalecimiento de los mecanismos de registración laboral. Desde este período, se profundizan los controles vinculados a la correcta inscripción de los trabajadores, la declaración real de la jornada y el salario efectivamente abonado. La autoridad laboral cuenta con mayores herramientas para fiscalizar, cruzar datos con organismos previsionales y aplicar sanciones en caso de irregularidades, incluso mediante procedimientos digitales más ágiles.
En paralelo, se consolidan criterios más claros respecto de las modalidades de contratación. Las figuras de trabajo a plazo determinado, eventual o por temporada continúan vigentes, pero su utilización queda sujeta a una interpretación más estricta del principio de primacía de la realidad. Esto implica que, aun cuando exista un contrato formal, se analizará la verdadera naturaleza del vínculo para determinar si corresponde encuadrarlo como una relación por tiempo indeterminado, con las consecuencias legales que ello acarrea.
Otro aspecto relevante es la actualización de las reglas vinculadas a la jornada laboral y al derecho a la desconexión. En contextos de trabajo remoto o esquemas híbridos, se refuerza la obligación de respetar los tiempos de descanso y la intimidad del trabajador, evitando exigencias fuera del horario pactado. Estas disposiciones buscan equilibrar la flexibilidad operativa con la protección de la salud psicofísica de las personas empleadas.
También se observa un mayor énfasis en la prevención de conflictos laborales. Desde enero de 2026, se promueve el uso de instancias administrativas de conciliación previa como paso necesario antes de iniciar reclamos judiciales, especialmente en controversias individuales. Esta política apunta a reducir la litigiosidad, fomentar acuerdos tempranos y preservar la continuidad de los vínculos laborales cuando sea posible.
En materia salarial, se refuerzan los criterios de transparencia. Los recibos de sueldo deben reflejar de manera clara todos los conceptos abonados, evitando prácticas que encubran remuneraciones bajo rubros no salariales. Asimismo, se intensifican los controles sobre pagos en especie, beneficios adicionales y compensaciones variables, los cuales pueden integrar la base de cálculo de aportes, contribuciones e indemnizaciones.
El escenario que se consolida desde enero de 2026 exige una revisión integral de las prácticas laborales vigentes. Tanto empleadores como trabajadores se enfrentan a un marco normativo que privilegia la formalidad, la claridad contractual y el cumplimiento efectivo de los derechos y obligaciones derivados de la relación de trabajo.